La revista Ingeniería Industrial entrevista a Jesús Rodríguez Cortezo, expresidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.
Nacido en Madrid en abril de 1939, es ingeniero industrial por la ETSII de Madrid, máster en Administración de Empresas por la Escuela de Organización Industrial y máster en Alta Dirección por el Instituto de Empresa y la London Business School. Además, es diplomado en Economía del Transporte por el Collège d´Europe.
Hasta el pasado mes de diciembre de 2014 ha sido presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales y presidente de la Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE). Entre 1990 y 1996 fue director general de Electrónica y Nuevas Tecnologías, y de Tecnología Industrial, en el Ministerio de Industria y Energía. Antes ocupó altos cargos en entidades de referencia, como Grupo Inisel (hoy Indra) o Grupo INI, y fue representante de España en diversos comités de la Unión Europea y consultor de Naciones Unidas.
El Consejo de Ingeniería Industrial integra a más de 50.000 profesionales. ¿Qué le aporta al colegiado esta unión de todos los colegios?
Unidad de criterios en la vigilancia de la buena práctica profesional, que es la misión fundamental de los colegios, y una sola voz y masa crítica importante en la defensa de todos sus intereses.
¿Es el Consejo un colegio de colegios?
No, de ninguna manera. El Consejo tiene unas funciones institucionales muy claramente definidas en sus Estatutos, que básicamente son de coordinación de los colegios y de representación ante la Administración General del Estado. Cualquier otra función que asuma el Consejo será a petición de un colegio, o grupo de colegios, para mejorar la eficacia de sus actuaciones. Además, hay que tener en cuenta que el Consejo son los colegios. Sus órganos de gobierno son la Junta de Decanos y el Pleno, compuestos ambos íntegramente por representantes electos de los colegios y sus propias Juntas de Gobierno.
El Consejo alberga a una veintena de colegios. ¿Cómo se establece la comunicación entre un número tan amplio?
No se puede ocultar que a veces hay problemas de comunicación, aunque la verdad es que los medios electrónicos los han reducido a casi nada. Hay que recordar que los acuerdos de Consejo se adoptan en Juntas de Decanos y que, por tanto, les compete a ellos hacerlos efectivos en cada territorio. La Junta de Decanos es además de un órgano de Gobierno, un foro de discusión. Se debaten los temas en todas sus consecuencias y hay siempre la voluntad de encontrar vías de coincidencia. Cuando esto no ocurre, de acuerdo con los Estatutos, se recurre a la votación, el método democrático de resolver conflictos.
¿Cuál ha sido la meta más destacable que se ha conseguido desde el Consejo?
Nunca me ha gustado hablar de metas espectaculares, sino del trabajo diario. Menciono algunos de los temas a los que el Consejo desde su estructura permanente, por otra parte mínima, y siempre en aplicación de los acuerdos de Junta de Decanos, ha dedicado más tiempo y energía en los últimos tiempos:
• Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en la que hemos intentado conseguir la incorporación al anteproyecto de algunos temas que nuestro colectivo considera importantes.
• Defensa de la calidad de enseñanza, amenazada gravemente por el desorden con que se está aplicando la reforma de la enseñanza superior, el mal llamado Plan Bolonia.
• Homologación de titulaciones pre-Bolonia al Marco Europeo de Cualificaciones. Este es un problema que veníamos años diciendo que se iba a producir y lamentablemente ahora podemos decir que se ha producido. A veces es amargo acertar en los pronósticos.
• Revisión de la LOE y competencias en Edificación. Como el tema es bien conocido y sufrido por muchos de nuestros compañeros, no insisto.
• El concepto de ingeniero. Sin que esta relación sea exhaustiva, lo último, pero no menos importante, es la defensa de la propia palabra ‘ingeniero’, que con mucha frivolidad y desconocimiento están aplicando bastantes de nuestras universidades.
¿Puede un colegio regional adoptar una medida sin el beneplácito del Consejo?
Depende de la naturaleza de la medida. Los campos de competencia de Consejo y colegios están delimitados por la legislación vigente y por los respectivos Estatutos. Eso sí, el Consejo, como institución pública que es, tiene la misión de garantizar que se cumple dicha legislación.
¿Cómo es la relación con otras entidades profesionales?
El Consejo forma parte de la UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenieros), que agrupa a las ocho ramas de la Ingeniería reconocidas como profesiones reguladas, y ostenta la vicepresidencia de dicha unión. En todo cuanto afecta al conjunto de estas ingenierías, actuamos coordinadamente. Es un mecanismo institucional relativamente reciente, apenas diez años, que necesita todavía rodaje, pero que ya ha manifestado ampliamente su operatividad.
El estudiante que acaba sus estudios de cualquier Ingeniería, ¿es ya ingeniero?, ¿qué hace el Consejo para impulsar su formación?
Por supuesto, de acuerdo con la normativa vigente, el estudiante que concluye sus estudios, es ya un ingeniero con todas sus competencias. Pero hay que hacer algunas observaciones, en relación con lo que yo denomino la ‘anomalía española’, que consiste en que un recién egresado tiene competencias profesionales plenas, de manera que, legalmente, podría firmar cualquier tipo de proyecto, por complejo que fuera, o dirigir cualquier clase de obra de su especialidad. No lo hace por prudencia, claro, y porque sus empleadores no le dejarían. En otros países, esto no es así.
Los jóvenes ingenieros deben demostrar sus habilidades a través de un período de ‘meritoriaje’, gestionado y vigilado en
casi todos los casos por las organizaciones profesionales locales. En España, sobre todo en las instancias públicas, no acaba de comprenderse este hecho tan elemental de que la garantía del ejercicio profesional, universalmente, descansa en las organizaciones que las profesiones se han dado a sí mismas. Uno de los mecanismos más empleados para ello, y reconocidos internacionalmente, es la certificación de profesionales mediante el reconocimiento de su experiencia y competencias valorados por sus pares, y con procedimientos eficaces para garantizar la formación permanente de los profesionales certificados. En nuestro país, este mecanismo está iniciando sus pasos, con la Asociación de Ingenieros Profesionales de España, y nuestro Consejo ha apostado firmemente por él.
¿Qué otros problemas cree que presenta la industria española actualmente?
La desatención a la que ha estado sometida durante años. Los problemas no vienen de ahora, sino de una política económica continua de escasa preocupación por la economía productiva y por la incorporación de tecnología. Ya sé que las declaraciones públicas parecen desmentir lo que digo, pero los hechos son los hechos. Este país ha vivido de espaldas a la industria y ahora está pagando las consecuencias. Es un problema no sólo político, sino cultural. Desde el Consejo que presido y, debo decir que desde mi anterior vida profesional, hemos elevado a las instancias públicas, y a la opinión ciudadana, diversas iniciativas sobre esta cuestión. Lo positivo es que ahora al menos se habla de industria. Nos hemos ofrecido a colaborar y aseguro que estamos dispuestos a ello.
Personalmente, no tengo recetas. Menos sobre el aspecto clave de los costes energéticos, donde no soy experto. Pero sí puedo ofrecer al país la colaboración del conocimiento y la experiencia de los miles de ingenieros industriales a los que representa este Consejo.